El Senado aprobó la recomposición jubilatoria y prorrogó la moratoria previsional en una sesión polémica
En una sesión marcada por la tensión política y las irregularidades reglamentarias, el Senado de la Nación sancionó este martes la ley que otorga una recomposición del 7,2% en las jubilaciones, eleva a $110.000 el bono para quienes perciben la mínima y prorroga la moratoria previsional vencida en marzo.
Además, se aprobó por unanimidad la declaración de emergencia en la atención pública a personas con discapacidad.
Las iniciativas fueron impulsadas por bloques opositores, que defendieron la necesidad de garantizar ingresos mínimos ante la fuerte inflación y remarcaron que la norma establece fuentes de financiamiento. El Gobierno, sin embargo, rechaza estas medidas por considerar que atentan contra el equilibrio fiscal y el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará las leyes.
La votación expuso la pérdida de control del oficialismo en la Cámara alta, ya que la sesión fue “autoconvocada” por la oposición sin la convocatoria formal de la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que motivó el retiro del recinto de la bancada oficialista y gran parte del bloque Pro.
A pesar de ello, la recomposición jubilatoria se aprobó por 52 votos a favor, sin votos en contra y con cuatro abstenciones. La prórroga de la moratoria obtuvo 39 votos positivos, 14 negativos y una abstención.
Los tres senadores pampeanos —Victoria Huala (Pro), Daniel Bensusán (Unión por la Patria) y Daniel Kroneberger (UCR)— votaron a favor de ambas iniciativas y de la declaración de emergencia en discapacidad.
La sesión fue aún más caótica cuando, en medio del debate, se cayó el sistema electrónico de votación y debieron recurrir a la votación a viva voz. El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, denunció un boicot del oficialismo.
La situación derivó en un fuerte cruce entre Villarruel y miembros del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la acusó públicamente de “ser cómplice del kirchnerismo”. Villarruel respondió recordando la historia política de Bullrich y defendió su rol institucional.
Tras la aprobación, se abre un escenario de conflicto: el Gobierno planea impugnar la validez de la sesión ante la Justicia y vetar las leyes, lo que augura nuevos capítulos de tensión política y judicial.
