En General Pico se lleva a cabo una investigación fiscal que ha sacudido a la comunidad agrícola, destacando una serie de transacciones ganaderas cuestionables. El caso, que involucra a múltiples localidades de la provincia, incluyendo Arata, Ingeniero Luiggi y Rancul, ha sido formalizado recientemente en un acto judicial que busca desentrañar presuntas estafas y maniobras fraudulentas.

Según la información presentada por el Ministerio Público Fiscal al juez, los principales acusados, padre e hijo domiciliados en Arata e Ingeniero Luiggi, presuntamente realizaron operaciones de compraventa de ganado vacuno utilizando métodos engañosos para simular solvencia económica y capacidad empresarial. Se les acusa de haber emitido múltiples cheques sin fondos como pago por grandes cantidades de ganado, conociendo de antemano la insuficiencia de fondos en las cuentas implicadas.

La investigación revela que padre e hijo adquirieron 50 terneros machos de un grupo empresarial en Alta Italia, por un total de más de 15 millones de pesos, que nunca fueron abonados efectivamente debido al rechazo de los cheques entregados. En otro caso similar, se les acusa de despojar a un ganadero de Rancul de 50 vacunos, valorados en casi 10 millones de pesos, bajo las mismas circunstancias.

Estos hechos no solo han afectado a empresarios de esas localidades, sino también a individuos, incluyendo a una señora de Arata, quien sufrió la venta no autorizada de 498 novillos por parte de uno de los acusados, que actuaba como administrador de su propiedad.
Con los acusados ahora enfrentando cargos formales de estafa y administración fraudulenta el caso cantinuará desarrollandose en los tribunales donde se espera que surjan más detalles sobre las operaciones y las redes involucradas. El Ministerio Público Fiscal ha solicitado pruebas adicionales y ha comenzado a acumular más testimonios para fortalecer la acusación.

Por parte del Ministerio Público Fiscal, el encargado de llevar adelante al acusación es el fiscal Juan Matías Emilio, quien ha presentado los detalles del caso ante la justicia. Defendiendo a los acusados, se encuentra el abogado privado Ariel Eduardo García, quien ha asumido la responsabilidad de representar a padre e hijo. Además, el abogado Pedro Febre actúa como patrocinante particular.