Malas noticias para cooperativas eléctricas y municipios pampeanos: la Justicia revocó medida cautelar y vuelve a regir la resolución nacional que prohíbe cobrar tasas en las facturas
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó la medida cautelar que había suspendido la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, lo que implica un duro revés para las 32 cooperativas eléctricas de La Pampa y para municipios como General Pico.
La medida cautelar había sido otorgada en febrero por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, a pedido de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco). Sin embargo, en las últimas horas, los camaristas Silvia Fariña, Leandro Picado y Pablo Candisano Mera decidieron revocar esa resolución, por lo que vuelve a entrar en vigencia la normativa nacional que prohíbe el cobro de impuestos y tasas en las facturas de servicios públicos y bienes.
La resolución 267/24 establece que las facturas y comprobantes solo podrán incluir la descripción y el precio correspondiente al bien o servicio contratado, quedando fuera cargos adicionales como tasas municipales o impuestos provinciales. Esta medida abarca tanto a empresas de servicios públicos como a comercios de todo el país.
Paralelamente, el tribunal federal recomendó unificar la causa de Fepamco con la presentada por la Municipalidad de General Pico, que también inició acciones legales contra la resolución nacional. Pese al fallo adverso, la cuestión de fondo todavía no ha sido resuelta, es decir, no se ha determinado aún si la resolución es o no inconstitucional.
Desde Fepamco, su presidente Jorge Páez advirtió que esta normativa afectará gravemente la recaudación de las cooperativas pampeanas y, en consecuencia, pondrá en riesgo la prestación de servicios esenciales para miles de usuarios en toda la provincia.
“Mediante una resolución que aparenta tutelar a los consumidores, se transgrede toda la organización cooperativa y federal de nuestro país”, manifestó Páez, y denunció un avasallamiento a las competencias propias de las provincias y los municipios, así como a las leyes que regulan el funcionamiento de las cooperativas.
- Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los actores del sistema eléctrico cooperativo pampeano, que ahora deberán adecuarse, al menos temporalmente, a esta nueva normativa nacional mientras se define la legalidad de fondo de la resolución.
